En España desde hace veinte años, desde que fue promulgada la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la práctica totalidad de los juicios son orales. De hecho, los procedimientos judiciales, sin perjuicio de iniciarse por un escrito de demanda y pasar por algunos trámites que son por escrito, suelen remitirse a un acto formal de vista pública en la que las pruebas se evacúan bajo los principios procesales de oralidad e inmediatez.

Los dos tipos generales de juicios que la ley prevé son el verbal y el ordinario, aunque a través del procedimiento verbal se conducen casi la generalidad de las reclamaciones judiciales. Por los trámites de esta clase de juicio pasan, por ejemplo, los procesos de separación y divorcio, los desahucios y las reclamaciones de cantidad que no excedan de 6.000 euros.

Aunque dependerá de la especialidad de que se trate, los juicios verbales, en principio, no deberían dilatarse más allá de cinco meses para ser resueltos, obteniendo una sentencia, momento a partir del cual, la parte que viera reconocido o constituido su derecho, de la clase que sea, puede llevarlo a término mediante un procedimiento llamado de ejecución de sentencia. En este punto debe considerarse pues que el juicio en sí (hasta la sentencia) es distinto de la ejecución posterior, y que ésta puede alargar algún tiempo más la entera consecución de los fines requeridos en la demanda.

Por otro lado, los juicios ordinarios se caracterizan por abarcar una tramitación sustancialmente más larga, siendo reservados para asuntos de mayor cuantía que 6.000 euros, y reclamaciones relacionadas con asuntos de una mayor complejidad.

Por ello, prevé, además de una vista para el juicio, una audiencia previa para poder proponer las pruebas, y tantear la posibilidad de un acuerdo entre las partes que evite los costes temporales y pecuniarios que un proceso de tal dimensión conlleva. En cualquier caso, estos juicios pueden durar, como mínimo unos diez meses, a los cuales habrá de sumar, en su caso, como en el verbal, el procedimiento de ejecución de la sentencia.

Aunque los juicio verbales y ordinarios comunes son los más usuales, existen otros denominados especiales. Los juicios de división de patrimonios o de división cosa común, que incluyen, por ejemplo, la división de los bienes gananciales y de las herencias, por las particularidades de la naturaleza de su objeto, son juicios verbales (básicamente tramitados por las reglas del verbal) pero especiales en virtud de la materia que tratan. Las características de los elementos implicados, que pueden requerir de sucesivas peritaciones, así  como las incidencias que pueden derivarse, y las continuas citaciones de nuevas partes que pueden ser llamadas al proceso, pueden conllevar que se dilate en el tiempo más de un año.

Por último, un juicio muy común y de fácil interposición es el juicio monitorio, muy rápido en su tramitación, puesto que para llevar a término la reclamación no se persigue una sentencia. Tan solo requiere de un documento en el que conste una deuda, que esté vencida y sea exigible, y que por lo tanto reúna los requisitos para que sea ejecutivo. Una vez presentado en el juzgado el documento, con su escrito de solicitud formal, se inician los trámites necesarios para cobrar la deuda, y sólo en los casos que exista por parte del demandado una oposición fundada, habrá lugar a un juicio, que se desarrollará como un verbal. En los casos en que no exista oposición o el demandado no se presente, la ejecución de la deuda contra el patrimonio del deudor es lo único que puede dilatar el procedimiento, ya que muchas veces el demandante habrá de investigar los bienes o ingresos del demandado deudor, a través de los medios de que dispone el juzgado, el cual podrá remitir a organismos públicos y privados las órdenes de retención, embargo y pago que sean pertinentes para hacer efectiva la deuda.

Hay que tener en cuenta que las sentencias son recurribles, y que las apelaciones que siguen su tramitación por escrito, se resuelven por un tribunal diferente, en una resolución que puede conllevar la suspensión de la sentencia, así como una media de seis meses más de espera.

Los residentes en argentina que resulten ser herederos de un residente en España y los residentes en España que sean herederos de un residente en argentina, deberán realizar el correspondiente reclamo de su condición de heredero en uno o en ambos países para poder recibir la herencia.

Los argentinos están acostumbrados a que su abogado sea a la vez el procurador en el juicio. Esto se debe a que casi la totalidad de los abogados argentinos, obtuvieron previa o conjuntamente con su título de abogado, el de procurador. El resultado es que las regulaciones de honorarios o los acuerdos sobre los mismos suelen incluir ese costo, que en la práctica no resulta visible ni identificable. Al cliente solamente le llega la cuenta por unos honorarios que incluyen el trabajo de la procuración realizada.

Sin embargo, en España, las cosas son diferentes porque en terminos generales procurador y abogado tienen funciones bien diferenciadas. Se trata de dos profesiones diferentes y cada uno cobra sus honorarios. Y aunque hay algunos juicios en los cuales no hace falta un procurador, lo cierto es que en un buen número de casos, es obligatorio contar con la asistencia de un procurador. Es importante tener esto en claro, ya que cuando se litiga en España, hay que estar preparado para pagar los honorarios de dos profesionales diferentes, por sus respectivas tareas. Aquí debajo dejamos unas líneas explicando someramente que es un procurador, para que sirve y como funciona a grandes rasgos, la determinación de sus honorarios.

En sentido amplio, puede decirse que el Procurador en España es un profesional del Derecho que representa formalmente al cliente. Así que, en nombre de éste, y para que el Abogado no tenga que estar en cada uno de los trámites que requiera el proceso o procedimiento abierto a instancias del cliente, el Procurador sigue el proceso, estando pendiente de todos los trámites y teniendo informado a ambos, cliente y Abogado, de lo que va ocurriendo durante su transcurso.

La relación del cliente con el Procurador se instrumenta mediante un Poder Notarial en el que aquél otorga a éste todas las facultades de representación procesal. Así, el Procurador, se responsabiliza de todos los trámites y de la comunicación al Abogado de los plazos, siendo quien recibe y firma los emplazamientos, citaciones y notificaciones, asistiendo también a todas las diligencias y actos que vayan surgiendo durante el proceso entablado, siempre en representación del cliente, y en plena cooperación con el Abogado, transmitiéndole a éste todos los documentos e instrucciones que le sean notificadas, en su calidad de representación del interesado.

Asimismo, el Procurador (quien deberá contar con los fondos provistos de antemano por el cliente) se encarga de pagar los gastos que se generen a instancia del mismo, dando cuenta documentada de dichos gastos. Por todo ello, debe considerarse como una máxima, que, una vez se presente en el procedimiento mediante Poder, la relación entre el juzgado y el cliente se desarrolla enteramente a través del procurador, el cual está obligado a colaborar con dichos juzgados, a defender con profesionalidad los intereses de sus representados.

Si bien la intervención del Procurador puede darse siempre que el cliente lo contrate, su presencia no es obligatoria en todos los procesos judiciales existentes, pudiendo así el particular ahorrarse los costes de su trabajo en:

1. los juicios de divorcio en los que las partes no tengan hijos, limitándose el proceso a la consecución de la disolución del vínculo matrimonial,

2. los juicios verbales (reclamaciones de cantidad controvertidas) que no excedan de 2.000 euros,

3. la petición inicial de los procedimientos monitorios,

Por último, en los asuntos penales: la intervención del procurador es voluntaria hasta la fase de apertura del juicio oral, en el ámbito laboral es completamente facultativo, y en la Jurisdicción contenciosa-administrativa: la intervención de Procurador es obligatoria sólo ante órganos colegiados.

Los extranjeros que se encuentran en una situación de ilegalidad dentro de España, enfrentan una infinidad de problemas que pueden eliminarse regularizando su situación, hasta convertirse en residentes plenos con todos los beneficios y derechos inherentes al cumplimiento de la ley.

Para ello, y aunque hay que cumplir ciertos requisitos, existen determinadas vías en las leyes de extranjería, de inversiones extranjeras y de emprendedores. Dichas vías habilitan a ciertos extranjeros a iniciar los trámites correspondientes para obtener su estatus legal de residente en España. Entonces, ¿cuáles son esos trámites que pueden iniciarse?

Todos los servicios que prestamos a los residentes en Argentina con intereses en España, también los brindamos en Argentina a los residentes en España con intereses en Argentina. Nuestro radio de acción es la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) aunque podemos resolver a través de colegas referidos, cuestiones en otras jurisdicciones. Argentina es un país grande y federal, que requiere colegiaturas locales para poder actuar en todos aquellos procesos que no sean materia federal. Sea cual sea su necesidad en cualquier punto del país consúltenos y trataremos de darle el mejor servico posible.